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Identidad

Estas menores han tenido que superar obstáculos para poder abortar

Te contamos casos reales de jóvenes de 16 y 17 años a las que el gobierno de la Comunidad de Madrid obligó a tener el consentimiento de ambos progenitores cuando la ley no lo requiere.
FOTO DE NINA ZIVKOVIC VÍA STOCKSY

Elena*, de 16 años, acudió con su padre a primeros de junio al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) para que le dieran la autorización para someterse a una interrupción voluntaria del embarazo. El problema llegó cuando la Administración le requirió no solo el permiso de su progenitor sino también el de su madre.

"Está de viaje en Ecuador y no regresa hasta dentro de tres semanas", les informó la chica. "No importa, que se acerque a un consulado y envíe una declaración jurada", le respondieron en el SERMAS. "Pero es que está en la zona del terremoto y nos es muy difícil comunicar con ella", insistieron la joven y su padre. Entonces le preguntaron de cuánto estaba embarazada. "De ocho semanas", contestó Elena. "Pues ocho y tres son 11, no pasa nada, esperamos a que vuelva de viaje porque aún estás a tiempo dentro del plazo legal", zanjaron en la Administración.

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Es uno de los más de 20 casos documentados en la Comunidad de Madrid desde septiembre por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), que agrupa a buena parte de los centros que trabajan en España. Son casos de chicas de 16 y 17 años a las que la obligatoriedad del consentimiento paterno para someterse a un aborto, modificación introducida en la ley el pasado agosto por el Gobierno del PP, les ha afectado de manera directa.

Hasta entonces la norma solo exigía el conocimiento de uno de los padres, y en casos excepcionales, como menores emancipadas, jóvenes en riesgo de sufrir malos tratos o haber sufrido agresiones, podrían someterse a un aborto sin que lo supieran sus progenitores. El problema tras la modificación de la ley ha surgido "por la interpretación restrictiva" que han hecho en la Comunidad de Madrid, según denuncian a Broadly en ACAI, puesto que la Administración ha exigido que las menores tengan el consentimiento de ambos progenitores cuando solo es necesario uno.

María*, de 16 años, acudió con su padre con el que convive desde su nacimiento, al SERMAS para solicitar una autorización para abortar. Nunca ha tenido relación con su madre pero en la Administración le exigieron que ella también diera el permiso para que la joven pudiera interrumpir su embarazo de forma voluntaria. Ante la exigencia de las autoridades sanitarias madrileñas, localizaron a la mujer y la joven conoció a su madre por primera vez en la oficina del centro de Madrid que tramita las autorizaciones para abortar.

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En otro de los casos documentados por ACAI una mujer boliviana que había huido con sus dos hijos hacía 13 años de su país de un marido maltratador tuvo que contactar con él porque el SERMAS le exigió la autorización del padre para que su hija de 16 años pudiera abortar, a pesar de que el hombre no mantenía ningún contacto con los menores ni ejercía su patria potestad.

"En el resto del país se está interpretando de una manera y en la Comunidad de Madrid deciden cambiar el criterio y aplicar una interpretación ideológica", afirma a Broadly José Antonio Bosch, asesor legal de ACAI. Tras la denuncia realizada por Podemos hace un mes en la Asamblea de Madrid de lo que estaba ocurriendo, la Consejería de Sanidad emitió una instrucción para aclarar que no era necesario el consentimiento de los dos padres sino que bastaba el de uno solo. "Esta instrucción no era necesaria, solo hacía falta tener voluntad política por cumplir la ley", subraya el experto, quien afirma que "durante este tiempo se ha generado un daño inútil que se podía haber evitado".

La madre de Sandra*, de 16 años, tenía un orden de alejamiento de su ex marido por maltrato. A él le citaron en un día diferente para que ambos progenitores no coincidiera en la misma sala. El padre de Marta, de 17años, se desentendió de ella cuando tenía dos años. Su madre y ella tan solo saben que el hombre vive en la Comunidad Valenciana. La progenitora debió mostrar al SERMAS el auto del juez en el que constaba que el progenitor de la menor ni tan si quiera se presentó al juicio para resolver la custodia y manutención de su hija.

Las jóvenes de 16 y 17 años que antes de la modificación de la ley abortaban sin el conocimiento de sus padres apenas suponían el 0,44 por ciento del total de interrupciones voluntarias del embarazo que se producen en España, según cálculos realizados por ACAI. Sin embargo, siempre son casos en los que las menores están en situaciones de grave desamparo por sufrir malos tratos, pertenecer a familias desestructuradas, por que sus padres estén en prisión o residan a miles de kilómetros como es el caso de chicas inmigrantes.

"Que más quisiéramos todos que las familias tuvieran un padre y una madre que se ocupara de sus hijos pero la realidad es bien distinta" afirma Bosch, quien subraya que el Gobierno parece no querer darse cuenta de esta realidad. Elena, la joven cuya madre estaba de viaje en Ecuador y a la que la Administración pretendía hacer esperar tres semanas para someterse a un aborto, pudo finalmente interrumpir su embarazo no deseado antes de ese tiempo tras la denuncia de ACAI. "Es una irresponsabilidad lo que le dijeron porque además del estrés al que está sometida esta joven hacerla esperar tres semanas más supone incrementar el riesgo de la intervención porque no es lo mismo abortar con ocho semanas que con 11", sostiene Bosch.

La Consejería de Sanidad madrileña pidió disculpas en una carta enviada al grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid por lo ocurrido. "Con quien debería disculparse es con las jóvenes a las que les han generado un daño inútil", subraya Bosch. El asesor de ACAI confía en que las autoridades sanitarias no vuelvan a "entorpecer" el acceso al aborto, permitido en España a petición de la mujer dentro de las primeras 14 semanas de gestación, pero añade con ironía: "Como abortar es un pecado mortal hay que poner dificultades".