Así fue abortar en Holanda cuando era ilegal en España

"Yo siempre he tenido una regla muy regular y en cuanto tuve el primer retraso fui al centro de planificación familiar que gestionaba el Ayuntamiento [de Madrid]", cuenta a Broadly la mujer, quien prefiere que su verdadera nombre no sea público. "En cuanto me dijeron que estaba embarazada les dije que no quería tenerlo y ellos me dijeron que me marchara fuera de España para poder abortar", recuerda. Le recomendaron Holanda porque en aquel momento era más barato que viajar a Reino Unido, destino que hasta entonces había sido el elegido por la mayoría de españolas que no querían seguir adelante con sus embarazos.

"Fue muy complicado porque aquello nos pilló en el peor momento posible", explica Nuria. Ella y su pareja acababan de abrir un comercio y muchos de sus pocos ingresos los tenían que dedicar a su hijo que tenía problemas en el aprendizaje, y a quien con el tiempo le diagnosticaron una discapacidad intelectual de origen genético. "Tuvimos que coger todos los ahorros que teníamos pero sólo podía viajar yo porque no teníamos dinero para dos personas", recuerda.

En el centro del Ayuntamiento le dieron el contacto de una agencia de viajes que se ocupaba de todos los trámites: desde el billete de avión a Ámsterdam, la estancia y la cita en la clínica. Todo el paquete le costó unas 30.000 pesetas (180, 30 euros), lo que en la actualidad equivaldría a algo más de 500 euros. "La mitad de la gente que íbamos en el avión iba a abortar", afirma Nuria, quien explica que luego todos estaban en el mismo hotel y en la clínica.

Llegó un viernes por la noche. Compartía habitación con una chica, un poco más joven que ella, que no tenía pareja estable y no quería en ese momento ser madre. "El sábado por la mañana fuimos juntas a la clínica pero no recuerdo si cogimos un taxi o nos facilitaron un transporte; el caso es que ninguna de las dos sabíamos inglés aunque en el centro había gente que hablaba español", cuenta.

Después de la intervención Nuria salió a dar un paseo por la ciudad pero su compañera debió permanecer en la clínica porque tuvo alguna complicación. El domingo por la tarde viajaron de vuelta a España.

"Las únicas que íbamos solas éramos nosotras dos, el resto eran parejas un poco más mayores y por lo que habíamos estado hablando muchos no podían tener otro hijo por motivos económicos", rememora. No sabe si porque ellas parecían más jóvenes, si porque iban solas o porque vestían de manera menos convencional la Policía las paró en la aduana al llegar a Madrid. Las metieron en un cuarto y el agente que estaba con ellas les espetó: "Un fin de semana a Ámsterdam sólo se va a dos cosas: a abortar o a por drogas". Les dijo que si era por una aborto se lo podían decir abiertamente. Las dos permanecieron calladas.

"Yo llevaba años militando en los movimientos feministas y no tenía problema en contárselo porque sabía que no podían hacernos nada pero por respeto a la otra chica preferí no decir nada si ella no hablaba antes", recuerda la mujer. Ante el silencio de las mujeres el agente las amenazó con desnudarles y hacerles un examen físico para comprobar si escondían drogas en su cuerpo. Nuria decidió entonces contar todo para evitar un nuevo mal trago.

Las dejaron marchar y cuando regresaba a su casa no dejaba de pensar y de indignarse por todo lo que había pasado porque en su país el aborto aún era ilegal. "Y luego, encima de que te tienes que ir a otro país, gastarte un dinero que no tienes, tienes que estar dando explicaciones a un policía de lo que has hecho", reflexiona.

Recuerda cómo durante la dictadura franquista y los primeros años de la democracia, cuando abortar era ilegal en España, organizaban cajas de resistencia para las mujeres que no querían seguir adelante con sus embarazos. "No sólo recolectábamos dinero para los obreros también para aquellas que no se podían permitir un viaje al extranjero", afirma.

El aborto era ilegal pero también cualquier tipo de método anticonceptivo, aunque de alguna manera u otra se podían conseguir de forma clandestina. Nuria tiene grabado hasta qué punto los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres brillaban por su ausencia para mantener sus úteros como vía de procreación sin importar las consecuencias nefastas que ello podía acarrear. "Una amiga de mi madre se quedaba embarazada con cualquier método y no podía usar preservativos porque le daban mucha alergia; había tenido dos hijos con ayuda médica y luego ocho abortos, por lo que tenía la matriz muy dañada", explica. Su caso llegó a un comité médico que debía decidir si permitían hacerle una ligadura de trompas. Otra familia tenía también una situación extrema. Sus cuatro hijos tenían Progeria, una enfermedad genética por la que los niños envejecen de manera prematura, con 10 años son ancianos y su promedio de vida no es más de 13. A las dos mujeres les negaron la intervención.

"Yo conocía a un cirujano que era la de la CNT y le contamos el caso", recuerda. Examinó a la mujer y vio que ante lo dañado que tenía el útero no iba a ser fácil "camuflar" de lo que la había operado si, con toda probabilidad, había complicaciones. "Así que propuso que su marido se hiciera la vasectomía y en los informes aparecería como si hubiera sido una operación de fimosis", explica Nuria. La pareja, que llevaba más de un año sin mantener relaciones sexuales por el riesgo de embarazo de la mujer, aceptó sin dudarlo. Nunca supieron qué hizo la familia que sólo daba a luz hijos condenados a morir de forma prematura.