Torbe puede salir en la tele mintiendo con total impunidad

Un día después de la entrevista, la periodista Carlota Guindal en el El Español desmonta la versión de Torbe apoyándose en algunas de las pruebas incorporadas en el sumario. Según los indicios manejados por la policía, Torbe sí sabía que las chicas eran menores de edad a pesar de que él lo negó en la entrevista; también rechazó que las hubiera drogado, aunque una testigo protegida y una segunda testigo afirman lo contrario. Para Torbe, las cuatro testigos protegidas no son más que chicas jóvenes con afán de protagonismo mediático. Pero cuando dice eso ignora que la investigación judicial también cuenta, según las informaciones de El Español, con "empleados, intervenciones telefónicas y extrabajadoras" que apuntan igualmente a su culpabilidad.

Ante esta disparidad de versiones, y en medio de un curso judicial que sigue su curso, incomoda cómo algunos medios de comunicación se hacen eco de las declaraciones de un hombre cuya credibilidad está más que en entredicho. Consultamos a Roger Jiménez, presidente del Consejo de Información de Catalunya (CIC), el órgano que se encarga de velar por los principios de ética profesional periodística, para que nos explique más cosas acerca de cuáles son esas líneas rojas del periodismo.

"Es evidente que hacer de caja de resonancia de personas u hechos que se han demostrado inverosímiles o falsos no es ético. Esta persona [Torbe] está descalificada moralmente para opinar", nos explica Jiménez. "Aunque todo el mundo tiene derecho a la defensa propia, los criterios 1 y 2 del código deontológico dejan muy claro que no hay que dar difusión a informaciones que no están suficientemente fundamentadas", explica.

"La operación cosmética de este indescriptible tipo en una de las principales televisiones del país merece un debate sobre los medios y los fines del periodismo y sus afluentes", apuntaba en esa misma línea el columnista Mariano Gasparet en un artículo en el El Español. Y continuaba así: "Darle plataforma mediática a un criminal en serie o a un etarra sanguinario —valga la redundancia— cuesta discusiones furibundas en las redacciones".

¿Pero dónde están los límites? ¿Se puede ser el altavoz de un exconvicto, un maltratador, un corrupto, un narcotraficante o un asesino? Para las fuentes de Antena 3 consultadas por Broadly, la entrevista a Torbe "entra dentro de sus códigos deontológicos porque en ningún momento se pagó a Torbe ni se hizo negocio. Toda persona es entrevistable [sic] mientras se haga con rigor periodístico. La única línea roja es que una entrevista jamás debe ser pagada", argumentan.

Desde el CIC, sin embargo, apuntan a que esta cuestión se podría elevar al comité de ética pertinente para que se investigue. Aunque una entrevista no sería sancionable, sí se podría exigir a la televisión una rectificación o aclaración pública si se demostraste que Torbe es culpable o mintió en algunas de sus declaraciones. "Aunque también es cierto que las rectificaciones o aclaraciones de este tipo nunca tienen el mismo protagonismo que el objeto de la rectificación", apunta Jiménez. El perjuicio ya está causado.

Jiménez sostiene, además, que el periodista, aparte de su trabajo, "tiene que estar comprometido con la paz y neutralizar el discurso de odio y la violencia" lo que muchas veces entra en conflicto con este tipo de espectáculos a los que asistimos, casi a diario, frente al televisor. A pesar de que la libertad de expresión y el derecho a defenderse de uno mismo debe estar garantizado —también en el periodismo—, lo cierto es que servir de altavoz a un discurso como el de Torbe, que alimenta el machismo y perpetua determinados roles de género, hace un flaco favor a una lucha que nos implica a todos y todas, también a los medios.