El gobierno de EE. UU. niega asistencia reproductiva a las menores inmigrantes

La ACLU del Norte de California afirma que la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) ha concedido fondos federales a diversos grupos religiosos que sistemáticamente e ilegalmente niegan a las menores el acceso a servicios de planificación familiar y contracepción de emergencia. Además declaran que, al hacerlo, la ORR está privando a las menores inmigrantes de sus derechos federales e ignorando la separación entre iglesia y estado.

La demanda interpuesta por la ACLU detalla hasta qué punto han sido dañinos los albergues religiosos financiados por el gobierno federal para muchas de las niñas vulnerables que se hallan bajo la custodia del gobierno de EE. UU.

"Una mujer muy joven, que fue hospitalizada por planificar su suicidio tras quedarse embarazada como consecuencia de una violación a manos de uno de sus 'guías' hacia Estados Unidos, fue expulsada del albergue de ideas católicas donde se alojaba porque solicitó un aborto", alega la demanda.

En consecuencia, la trasladaron a otro albergue y la alejaron de los asistentes sociales y demás personal del refugio que constituían su único sistema de ayuda en este país. A otra joven, que también se quedó embarazada como consecuencia de una violación durante su viaje hasta Estados Unidos, se le negó alojamiento en un albergue cercano a su familia en Florida porque los dos albergues disponibles se oponían por motivos religiosos a alojar adolescentes que querían abortar.

Cada año, el gobierno federal toma bajo su custodia a miles de menores refugiadas que viajan sin acompañante. "Muchas han llegado a Estados Unidos huyendo de abusos y torturas en sus países de origen", indica la ACLU en su demanda, "y muchas han sido víctimas de abusos o agresiones sexuales en su país natal, durante el largo viaje hasta Estados Unidos o después de su llegada". Las niñas sin acompañante son remitidas a la ORR, que se encarga de proporcionarles atención. Tan solo en 2015, 33.726 menores refugiadas que viajaban sin acompañante pasaron a estar al cuidado de la ORR.

La ORR emplea fondos que recibe del Congreso para conceder subvenciones a más de 30 organizaciones privadas repartidas por todo EE. UU., incluyendo algunos grupos religiosos, que ayudan a proporcionar un hogar a los inmigrantes más jóvenes. Uno de estos grupos religiosos privados es la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés), una organización que sistemáticamente se niega a proporcionar ningún tipo de asistencia médica que no se corresponda con sus creencias religiosas.

A pesar de sus prácticas religiosas explícitas, la USCCB recibió 10 millones de dólares en subvenciones por parte de la ORR tan solo en 2014, cantidad que invirtió en realizar donaciones a una red de instituciones católicas repartidas por todo el país. A cambio, se espera de dichas instituciones que proporcionen asistencia a miles de niñas refugiadas que viajan solas.

La ACLU afirma que estos grupos con frecuencia niegan las atenciones que están legalmente obligados a proporcionar, como servicios de planificación familiar y contracepción de emergencia. Este grupo a favor de las libertades civiles busca conseguir medidas permanentes que garanticen que las subvenciones concedidas para el cuidado de menores inmigrantes no acompañadas se implementen sin la imposición de restricciones religiosas.

La demanda de la ACLU menciona la Ley contra la violación en las cárceles de 2003 y la Ley de reautorización contra la violencia hacia las mujeres de 2013, dos leyes que condujeron a la ORR a establecer una normativa en 2014 que exigía a los beneficiarios de sus subvenciones que "proporcionaran a las menores inmigrantes que viajan solas y que han sido víctimas de agresiones sexuales acceso a atención sanitaria reproductiva". Esta normativa, contra la cual la USCCB protestó con vehemencia, también decía que la ORR garantizaría "acceso libre a tratamientos médicos de emergencia, servicios de intervención durante crisis, contracepción de emergencia y profilaxis frente a las infecciones de transmisión sexual" a cualquier menor inmigrante no acompañada que hubiera experimentado abusos sexuales estando bajo custodia federal. La demanda también señala una resolución de 1997 según la cual se decidió que el gobierno federal debe proporcionar acceso a planificación familiar y atención sanitaria de emergencia a todas las menores inmigrantes no acompañadas.

La ACLU afirma que, al financiar a determinados grupos que se niegan a proporcionar dichos servicios de asistencia sanitaria basándose en sus creencia religiosas, los acusados (el Secretario de Salud y Servicios Humanitarios y el Director de la ORR) están apoyando y dando preferencia a determinada creencia religiosa e ignorando la Cláusula de Establecimiento de la Primera Enmienda de la Constitución, que dice: "El Congreso no dictaminará ley alguna que fomente una religión determinada por encima de otra". Puesto que los programas se financian con el dinero de los contribuyentes, la ACLU afirma que dichos contribuyentes se han visto "obligados" a "apoyar y subvencionar determinado conjunto de creencias religiosas".