Prisión y censura en Internet en pos de la lucha contra la discriminación en Argentina

¿Qué pasa cuando las autoridades no entienden internet? Que ocurren cosas como las que suceden en Argentina, donde la bancada kirchnerista de la Cámara de Diputados se empecinó en regular los comentarios en los sitios web del país. Lo hizo a través de un proyecto para reformar la ley de discriminación, que incorpora penas de uno a tres años de prisión para quienes hagan comentarios discriminatorios o amenazantes. La medida alcanza desde diarios, revistas y agencias de noticias hasta blogs y redes sociales.

"Es una polémica por falta de información. Es verdad que hay un proyecto de ley que acompaño. La ley antidiscriminatoria es de 1988 y esta propuesta actualiza los parámetros para luchar contra la discriminación", argumentó la diputada del Frente para la Victoria (partido de Gobierno), Diana Conti, una de las firmantes de la iniciativa que impulsó el también kirchnerista, Remo Carlotto.

La legisladora, en conversación con radio Continental, insistió: "La libertad de expresión tiene un límite que es no discriminar. Lo deciden las convenciones mundiales. Podés tener libertad de expresión pero no podés discriminar porque es delito".

Pero en Argentina la posición de Conti, de estrecha relación con la presidenta Cristina Kirchner, no es compartida por la oposición política. "El artículo 21 de esta ley fomenta la censura por parte del privado que tiene a cargo cualquier plataforma en la que se coloquen opiniones porque establece la obligación de todos a advertir al que cuelga comentarios cuales son las consecuencias que puede tener", advirtió a VICE News el diputado de la Unión Cívica Radical, Manuel Garrido.

El legislador se refirió así al artículo 21 de la iniciativa que logró dictamen de mayoría recientemente en la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Ese artículo establece que los privados: "Están obligados a: a) publicar términos y condiciones que contengan la información de esta ley b) disponer y hacer pública una vía de comunicación para que los usuarios denuncien y/o soliciten la remoción del material que se encuentre en infracción a esta ley".

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Aunque el proyecto aún debe ser tratado por las comisiones de Legislación Penal y Justicia antes de llegar al pleno de la Cámara, la oposición alertó sobre el intento del "Estado de obligar a los particulares a administrar los comentarios que pudieran ser discriminatorios sin necesidad de pasar por ninguna instancia judicial", en palabras de Garrido.

"Apoyamos el proyecto en general porque contempla la discriminación de forma más amplia que en 1988 e incorpora tratados. Había que ampliar la ley. Nuestras críticas se basan en que deja en manos privadas la posibilidad de la censura, lo cual es algo muy peligroso", dijo a VICE News, Miryam Bregman, diputada del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS - Frente de Izquierda)

Tampoco las ONG que trabajan en defensa de los derechos humanos, que el proyecto de ley dice querer resguardar, acompañan la iniciativa de los diputados del oficialismo. "Una vez más, bajo la fundada defensa de causas nobles, nos encontramos con proyectos legislativos que difícilmente logren paliar el mal que pretenden erradicar y que a su vez generan nuevos problemas", afirmó a VICE News la secretaria de la Fundación Vía Libre, Bea Busaniche.

Inclusive organismos afines al Gobierno ya habían alertado sobre el peligro de regular comentarios en internet. De acuerdo al comunicado emitido en octubre del año pasado por las autoridades del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), esta iniciativa "pasa por alto estándares vinculados a la libertad de expresión reconocidos tanto por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como de los informes del Relator Especial de Libertad de Expresión y Opinión de las Naciones Unidas, Dr. Frank La Rue".

La ambiguedad y la falta de definiciones claras en el texto de la ley son los principales elementos que causan revuelo. En una hipótesis extrema, "quien se sienta ofendido por la astrología al considerarla desde su ideología como una 'pseudociencia' podría accionar para impedir la publicación de horóscopos", agregó Busaniche.

La única definición clara se refiere a todo lo que se considera discriminatorio. Según el proyecto, el peso de la ley caerá sobre aquellos mensajes publicados en las plataformas de contenidos que menoscaben o insulten a las personas motivadas en la falsa noción de raza, así como en las nociones de etnia, nacionalidad, lengua, idioma o variedad lingüística, religión o creencia, ideología, opinión política o gremial, sexo u orientación sexual, entre otras veinte categorías de todo tipo.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. "El proyecto antidiscriminación es una basura, tirenló hagan caso, le da pasto a las fieras", aconsejó el usuario @catanpeist.

El proyecto antidiscriminación es una basura, tirenló hagan caso, le da pasto a las fieras.

— Patetos Wermus (@catanpeist)July 22, 2015

"Si quieren defender la ley "antidiscriminatoria" todo bien. Pero no me corran con que no es censura porque lo es.", avisó el periodista Osvaldo Bazán.

Si quieren defender la ley'antidiscriminatoria' todo bien. Pero no me corran con que no es censura porque lo es.

— OB 1° (@osvaldobazan)July 22, 2015

Por último , Javier Smaldone, se lamentó en Twitter: "Estamos hechos mierda. No valoramos ni el secreto del voto, ni la libertad de expresión, ni vaya a saber cuántas cosas elementales más…".

Estamos hechos mierda. No valoramos ni el secreto del voto, ni la libertad de expresión, ni vaya a saber cuántas cosas elementales más…

— Javier Smaldone (@mis2centavos)July 21, 2015

En Change.org ya iniciaron una petición para que el Senado argentino frene el proyecto que intenta regular los comentarios en la web. "No olvidemos que vivimos en democracia. Luchemos juntos por la libre expresión de internet. Debemos defender la libertad de pensamientos y opiniones", reza la campaña online que acaba de superar las cinco mil firmas.

"Yo soy de izquierda y puedo criticar a una financiera porque se llevan todo el dinero fuera del país y con este artículo 21, si ellos consideran que los discriminé pueden pedir que borren el comentario. Lo mismo si pido impuestos a la renta financiera o impuestos especiales para la megaminería", explicó Bregman.

La polémica por el intento de regular el uso de internet ya había tenido un antecedente en diciembre de 2013, cuando en medio de una ola de saqueos y disturbios en la provincia argentina de Entre Rios, el diputado Rubén Almara presentó un proyecto que habilitaba al Poder Ejecutivo provincial a limitar el uso de las redes sociales — Facebook y Twitter — en momentos de "conmoción interior" y a "establecer políticas de regulación y restricción de los medios electrónicos".

Sigue a Gastón Cavanagh en Twitter: @gastoncavanagh