​Madres solteras y víctimas de violencia, las más desahuciadas

Sandra es una de las miles de personas afectadas por el desahucio por impago de alquiler en España, que diez años después del inicio de la recesión económica todavía sigue sin solución. Sus consecuencias las padecen, sobre todo, mujeres cabeza de familia y víctimas de la violencia doméstica. Así lo refleja el informe 'La crisis de la vivienda no ha terminado. El derecho a la vivienda y el impacto de los desahucios de viviendas en alquiler sobre las mujeres en España', que acaba de hacer público Amnistía Internacional y que recoge el testimonio de Sandra y de otras sesenta mujeres en una situación de vulnerabilidad absoluta a causa de las diversas reformas legales, la falta de implementación de los protocolos ya existentes y el olvido de la justicia.

"Las reformas legislativas de la Ley de Arrendamiento Urbano y la Ley de Enjuiciamiento Civil han flexibilizado y precarizado el mercado de alquiler, reduciendo el tiempo de vigencia de un contrato de cinco a tres años y agilizando el procedimiento de desahucio, que en algunos casos es incluso de un mes", explica Eduard Martínez, responsable de Relaciones Institucionales de Amnistía Internacional en Cataluña. "Si a esto le sumamos la falta de inversión en vivienda social y que los jueces que dictan los desahucios no tienen en cuenta la vulnerabilidad de algunos colectivos, se producen situaciones tan rocambolescas como la de una anciana que fue desahuciada por un impago de doscientos euros del impuesto de basuras", concluye.

Uno de los grandes problema, según la organización, es el oscurantismo de los censos oficiales. De los 34.193 desalojos por impago de alquiler que se produjeron en España en 2016 ni siquiera se distingue entre locales comerciales y vivienda, aun cuando la ONU pidió al Gobierno que evaluase el impacto de las medidas de austeridad. "Es imprescindible conocer cuántas personas han perdido su casa y, sobre todo, cuántas de ellas son mujeres o se encuentran en una situación especial, si son víctimas de la violencia de género, si son hogares monoparentales, si viven menores o personas con discapacidad en la casa", denuncia Eva Suárez-Llanos, directora adjunta de Amnistía Internacional.

Según el informe, el índice medio de exposición a la pobreza en España (22,1 %) asciende hasta el 37,5 % en el caso de las familias monoparentales, de las cuales un 83 % están encabezadas por mujeres, quienes ganan todavía hoy menores salarios que los hombres y a menudo tienen trabajos a tiempo parcial. Y la situación empeora si han sufrido violencia machista.

Aunque la Ley Integral contra la Violencia de Género establece que las mujeres víctimas de estos abusos deben tener acceso prioritario a la vivienda, una gran parte de las solicitudes son rechazadas. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, la víctima necesita una sentencia condenatoria o una orden de protección dictada por un juez para tener derecho a una vivienda social. "Solo un tercio de las mujeres denuncia y de ese tercio, en Madrid, hay un 60 % del sobreseimiento de la sentencia. El problema es que se dictan leyes que no se cumplen. Las personas que sufren tal exposición a la violencia están en un estado muy vulnerable, se ven aisladas de su núcleo social por el maltratador y además padecen un aislamiento legal", explica Eduard Martínez.

Sandra pensó en ocupar una vivienda vacía. Vanessa, madre de dos niñas y víctima de malos tratos, lo hizo. Vive en el edificio ocupado 'La Dignidad' de Móstoles junto a decenas de familias en situación de emergencia. "La trabajadora social me dijo que no podía acceder a una vivienda social porque tengo un piso en propiedad con una persona que me daba palizas, consumía drogas y bebía mucho", asegura la madrileña de 34 años.

Las provincias de Madrid y Barcelona concentran el 34 % de los desahucios producidos en nuestro país el pasado año, con 4.760 y 6.710 desalojos por impago de alquiler respectivamente. Si bien en el caso catalán el problema se centra, de acuerdo a AI, en una falta de coordinación entre los servicios sociales y los tribunales, la poca antelación con la que estos últimos informan sobre un desahucio y la falta de viviendas alternativas para realojar a las familias, en Madrid la situación es agrava, y mucho, como consecuencia de una mala praxis política. Entre 2011 y 2013 el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid vendieron 4.800 viviendas sociales y otras propiedades a fondos de inversión, prometiendo que las condiciones de los inquilinos no cambiarían aunque la propiedad pasase a manos privadas. No fue así.

"Los gastos de alquiler subieron, a muchas personas les denegaron la prórroga de ayudas a la vivienda porque ya no son públicas y todo eso ocurrió en un clima de miedo, estigmatización y desinformación", cuenta Koldo Casla, autor del informe. Más de cuatro años después no hay solución para los afectados.

Paula, también víctima de malos tratos, tiene tres hijos y hacía ocho que vivía en una vivienda social cuando el IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid) la vendió a la empresa de inversión Encasa Cibeles sin haberle informado previamente del proceso. Le subieron el alquiler 80 euros en tres meses. "Nadie me explicó por qué. No podía pagar. Era desesperante pensar que no podíamos luchar y debíamos aceptar las condiciones que el propietario nos imponía", explica. Finalmente, fue desahuciada. Desde hace tres años vive en un piso de 40 metros cuadrados con sus dos hijos. "Mi pequeño duerme, juega y come en el sofá. Me parte el alma. Mi hija tiene un cuarto pequeño. El bebé duerme conmigo", se lamenta Paula. Lleva esperando una vivienda social desde entonces.

Los recursos que dedica el Gobierno son insuficientes y nos sitúan a la cola de Europa, señala AI. España destina el 2 % del total de viviendas a vivienda social, frente al 32 % de Holanda, el 20 % de Austria, el 18 % de Reino Unido y el 17 % de Francia. No obstante, sí somos pioneros en algo: nuestro país es donde el gasto personal en vivienda se ha incrementado más en toda la Unión Europea —alrededor de un 6 % en los últimos diez años.

Amnistía Internacional presentará mañana las conclusiones de su informe ante el Parlamento de Cataluña. Todavía, admiten, no han recibido respuesta de otras autoridades. Reclaman al Gobierno español que presente un proyecto de ley sobre el derecho a la vivienda basado en las normas internacionales de derechos humanos, que haya más coordinación con las comunidades autónomas y entre ellas y los servicios sociales, y que se amplíe el parque de viviendas sociales. También piden que el marco jurídico que regula el procedimiento de desalojos incluya medidas de proporcionalidad, que tenga en cuenta a las personas con riesgo de exclusión social y que se modifique la Ley de Violencia de Género para que incluya los daños y el abuso económico.

Casos como el de Paula, Sandra o Vanessa son sólo unos pocos ejemplos, pero hay muchos. Demasiados. "Ni ellos saben cuántas personas están afectadas en realidad" —dice el portavoz de AI. La magnitud del problema podría ser mucho mayor". Y Sandra Filippella suscribe sus palabras: "Cualquiera puede verse en mi misma situación. Es la gente como tú y como yo la que sale a la calle. Este desamparo te hace sentir como una ratita".