Las víctimas de esterilizaciones forzosas en Perú se movilizan

En lo alto de los Andes peruanos una mujer sostiene un teléfono móvil junto a su oreja conforme cuenta su historia. "Vinieron a nuestras casas. Entraron por la fuerza y aquella vez no nos dejaron marchar. Nos sacaron de nuestras casas como si fuéramos ganado".

Habla en quechua, uno de los idiomas indígenas de Perú, y su voz se eleva conforme describe cómo fue obligada a subir a una camioneta junto con 30 mujeres más, cómo fue transportada hasta una clínica deficientemente equipada y cómo fue esterilizada contra su voluntad.

"Nos cogieron y nos obligaron a subir a la camioneta, hacinadas. Tuvimos que permanecer en pie durante todo el trayecto. Cuando llegamos allí solo las primeras en llegar pudieron conseguir una cama, las demás tuvimos que quedarnos en el suelo. Nos hicieron tumbarnos sobre el suelo, sin nada. A eso de las cuatro de la tarde algunas de nosotras volvimos, pero otras no. Algunas permanecían en silencio. Nos dejaron tiradas, medio muertas".

Su terrible experiencia no terminó allí. Desde entonces lleva padeciendo dolores y sufriendo de una salud precaria, lo que le impide trabajar y le deja muy poco dinero para sobrevivir.

"Nos dijeron, 'Os daremos de todo. Tendréis gratis todo lo que necesitéis", afirmó. "Eso es lo que nos dijeron, pero ahora no tenemos nada. Nos abandonaron como a perros".

Entre 1996 y 2000, más de 270.000 mujeres y 22.000 hombres fueron esterilizados como parte de un controvertido programa de planificación familiar implementado por el entonces presidente Alberto Fujimori.

Se sabe que al menos 18 mujeres murieron como resultado directo del procedimiento y otras miles de ellas han soportado complicaciones de salud el resto de sus vidas como resultado de las chapuceras operaciones y las condiciones antihigiénicas. Pero durante más de una década nadie supo de la despiadada forma en que fueron amenazadas, engañadas, sobornadas o directamente obligadas a someterse a la operación.

Una nueva línea telefónica llamada El Proyecto Quipu permite que las víctimas llamen y dejen un mensaje describiendo su experiencia.

Victoria Vigo tenía 30 años de edad y estaba embarazada de 36 semanas cuando fue esterilizada. La llevaron al quirófano para practicarle una cesárea de emergencia durante la cual los médicos secretamente le realizaron un ligamento de trompas. Al día siguiente, Vigo escuchó que su bebé había fallecido momentos después de nacer. En medio de su gran dolor, pidió irse a casa, pero nunca imaginó que todavía podía haber más malas noticias.

"El día después de mi operación me sentía muy dolorida", explicó.

"Ya me habían hecho una cesárea, pero esta vez el dolor era más profundo. Pedí al médico que me diera el alta porque me sentía muy afligida por la pérdida que acababa de sufrir. El médico se negó, dijo que mi evaluación no estaba bien y que acababa de someterme a una cirugía, así que tenía que esperar. Yo le dije que había perdido a mi hijo y él trató de animarme diciendo que era joven y que todavía podía tener otro bebé. Entonces el interno que estaba junto a él le dijo que no, que ya no podría porque me habían esterilizado".

Por increíble que parezca, el hospital había tratado de ocultar el procedimiento a Vigo y solo siendo realmente persistente la mujer consiguió que le confirmaran lo que había sucedido.

"Cuando el médico comprobó el historial médico, la palabra 'esterilización' no aparecía por ningún lado", afirmó. "Por la tarde llamé a uno de los internos para que me mostrara mi historial. Me dijo que la palabra 'esterilización' no estaba marcada, pero una línea más abajo habían escrito en rojo 'AQV', que son las siglas de 'Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria'".

Con ayuda de una amiga, contactó con una compañía de seguros que le dijo que podía ayudarla a revertir el procedimiento, pero tras someterse a varias pruebas se demostró que aquello era imposible.

"Mis trompas de Falopio estaban cortadas, me habían mutilado", explicó.

"Mi niño estaba muerto y, al mismo tiempo, descubrí que me habían esterilizado y que nunca podría volver a ser madre. No imaginas la impotencia y el dolor de corazón que sentí sabiendo que otra persona había elegido por mí, que alguien ya había tomado una decisión en mi nombre".

Vigo, que ahora tiene 50 años, demandó con éxito al médico que la operó y recibió una compensación de unos 3.000 €, pero es una de las pocas mujeres que han llegado a emprender acciones legales.

Rosemarie Lerner, creadora y directora del Proyecto Quipu, creció en la capital, Lima, y nos explicó que aun 20 años después, las supervivientes siguen temiendo sufrir repercusiones si cuentan su historia.

"Tienen miedo de no conseguir trabajo", afirmó. "Algunas de ellas, que han dado sus nombres, están recibiendo a día de hoy amenazas sospechosas, como llamadas que dicen 'Voy a esperarte para encontrarme contigo' o 'Cállate y no vuelvas a hablar más'. No sabemos cuáles son los riesgos reales ni lo que puede pasar".

Las esterilizaciones tuvieron lugar como parte de una iniciativa gubernamental financiada por USAID para reducir la pobreza disminuyendo el crecimiento de la población. La idea era que las familias estaban teniendo más hijos de los que podían mantener y necesitaban ayuda para controlar aquello.

Anteriormente, la esterilización había sido ilegal en ese país ampliamente católico, pero Fujimori modificó la Ley General de Población para ofrecerla como método "voluntario" de prevención del embarazo.

Sin embargo, varias investigaciones realizadas en 1999 por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) revelaron que en realidad tan solo en torno a un 10 % de las afectadas había dado su consentimiento. Además, descubrieron que las clínicas habían recibido incentivos para conseguir sus objetivos de esterilización y se las había amenazado con el cierre si no los lograban.

En octubre de 2014, el periódico peruano La República habló con antiguos médicos que confirmaron que en 1997 ellos y sus colegas recibieron órdenes de realizar esterilizaciones a sesenta mujeres al día en condiciones "inhumanas".

Muchas de las mujeres esterilizadas creen que fueron objetivo de la campaña porque eran pobres y carecían de educación, de modo que el gobierno dio por supuesto que no podrían defenderse.

Esperanza Huyama Aguirre, de sesenta años de edad, no tiene dudas sobre el asunto. Perdió a su bebé después de ser esterilizada cuando estaba embarazada de tres meses y afirmó que las autoridades supusieron que no recurriría.

"Nos hicieron esto a las mujeres campesinas porque éramos analfabetas", indicó. "Hicieron lo que les dio la gana".

Una de las primeras personas en organizar una campaña para obtener justicia por el programa de esterilización fue la abogada y activista a favor de los derechos humanos Giulia Tamayo, que formó parte del equipo que investigó la muerte de María Mamérita Mestanza, una mujer que falleció tras un procedimiento de esterilización en 1998. Tamayo fue la primera persona en toda la historia del país en iniciar un proceso contra el gobierno peruano en 2001.

Tamayo recibía amenazas sistemáticas tanto por parte de personas afines al gobierno como por parte del grupo terrorista comunista Sendero Luminoso, que operaba en el país por aquella época. Recibió un disparo en la pierna y tuvo que exiliarse a España poco después de que se resolviera el caso. Finalmente regresó a Sudamérica y falleció en Uruguay en 2014.

Fue durante su estancia en Madrid cuando Lerner y su codirectora María Court se reunieron con ella para hablar sobre sus ideas para un nuevo proyecto.

"Sabía que las mujeres querían luchar y contar sus historias, pero no disponían de la plataforma para hacerlo", afirmó Lerner.

"El problema siempre lo discutía otra gente y siempre se hacía a través de mediadores. Apenas contábamos con testimonios contados en primera persona por las mujeres indígenas, de modo que en lugar de hacer una película tradicional, quise hacer algo más interactivo".

Se les ocurrió la idea de crear una línea telefónica. Una vez grabados, los testimonios se suben con subtítulos en inglés a un documental interactivo online donde todo el mundo puede escucharlos. Quienes llaman también pueden conectarse para escuchar otras historias relatadas por supervivientes de todo el país.

"El teléfono es el único medio, además de la radio, con el que están familiarizadas y al que tienen acceso", explicó Lerner.

"Y aunque muchas de ellas hablan español, hemos notado que a menudo cuando llegan a una parte emotiva de la historia y se derrumban necesitan cambiar al quechua, de modo que sentimos que era realmente importante dejarles hablar en su propio idioma. Muchas son analfabetas, si no la mayoría, pero cuentan con una tradición oral realmente rica, de modo que incluso aunque carezcan de educación son muy buenas contando historias.

Son precisamente estas historias, recopiladas por el Proyecto Quipu en colaboración con El Instituto de Apoyo al Movimiento Autónomo de Mujeres Campesinas (IAMAC-AMBHA) del norte de Huancabamba y con la sucursal en Cuzco de la Asociación de Mujeres Afectadas por Esterilizaciones Forzadas (AMAEF), los que han ayudado a reavivar esta cruzada en busca de justicia.

En abril, cientos de mujeres peruanas marcharon a la Plaza de San Martín en Lima, la capital.

Dado que Keiko, la hija del antiguo presidente Fujimori, es actualmente la candidata principal a las elecciones presidenciales del país de 2016, las manifestantes desfilaron por las calles con pintura roja esparcida por sus piernas, una poderosa referencia a las violaciones que tuvieron lugar bajo el régimen de su padre.

El mismo Fujimori fue condenado a 25 años de prisión en 2009 por dirigir escuadrones de la muerte, por malversación y por sobornar a los medios, pero el gobierno peruano todavía no ha respondido por las esterilizaciones forzosas.

"Uno de los objetivos del proyecto es inspirar a otras personas que todavía no han hablado para que lo hagan", afirmó Lerner. "No solo para que puedan escuchar las historias de las demás, sino también para que sepan que hay un movimiento y una causa judicial que pueden fortalecer su lucha".

Victoria está de acuerdo: "Hay muchas mujeres que hablan quechua y que no han tenido oportunidad de defenderse", indicó.

"Pero nosotras estamos aquí, firmes como una roca. Todas somos una única voz".